miércoles, 18 de junio de 2008

Picardia o Democracia



Si la república tuviera una democracia fuerte que la sostenga, serian sus instituciones las que, interrelacionando cada una en su función, las que le darían real contenido al ejercicio del poder, asumiendo cada una de ellas su función constitucional.

Por Enrique García-Mansilla

La democracia en nuestro país es endeble, de allí la razón por la cual se aspira a una gestión presidencial fuerte y efectiva, alcanzando el autoritarismo. Refuerza este concepto el sistema político con sus mecanismos de listas sabanas, actos multitudinarios que suelen impresionar y reiteradas apelaciones a la legitimidad de los gobernantes por la cantidad de voluntades favorables expresadas en las votaciones.

Si la república tuviera una democracia fuerte que la sostenga, serian sus instituciones las que, interrelacionando cada una en su función, las que le darían real contenido al ejercicio del poder, asumiendo cada una de ellas su función constitucional y, a través de ellas se resolverían las crisis que toda sociedad enfrente, pero con un estilo menos dramático y por ende menos traumático.

A mayor abundamiento, muchos de los actos de la administración del gobierno se basan o realizan sobre la base de leyes, códigos y resoluciones adoptadas por los sucesivos gobiernos militares que, a través de modificaciones a las mismas sustentaban su capacidad legislativa.

No ha podido o no ha sabido la democracia, o lo que es peor, no le ha convenido reformar, ordenar o simplemente derogar esas facultades para darle mayor contenido institucional a sus actos de gobierno. Muchos conflictos se ahorrarían, muchas arbitrariedades se evitarían.

La Sra. PresidentA, frente a los hechos de los últimos días, ha decidido enviar al Congreso la Resolución 125 y sus modificatorias, dándole estado parlamentario a las retenciones móviles, también se ha encargado de mencionar que este hecho no es una claudicación de sus atribuciones administrativas contenidas en el Código Aduanero, reformado durante el Gobierno de Juan Carlos Ongania.

¿Es una genuina convicción de darle al tema una discusión seria, profunda y que termine en una legislación equitativa y aceptable? ¿u otra tramoya política basada en el conocimiento de que, la mayoría en ambas Cámaras le dará la sanción formal de los “representantes del pueblo”, y por ende le darán más verosimilitud? Esto es lo que veremos en los próximos días.

El sistema político argentino no garantiza equidad, los famosos representantes del pueblo, ni son representantes ni tienen pueblo, ya que su elección surge de componendas partidarias, o por la voluntad del aparato, más que por la elección de sus teóricos representados, esto es lo que conocemos como listas sabanas, en lugar de ser elegidos por sus distritos y representar los genuinos intereses políticos de ellos, sin que esta posición vaya en desmedro de los ideales partidarios a los que adhieran.

Nos enfrentaremos a discusiones tediosas, muchas veces cargadas de retorica dialéctica que de contenido practico a la materia que se legisla, esta circunstancia no será distinta en este proceso que se está iniciando, y así disfrazaremos la arbitrariedad y el empecinamiento del Gobierno en poder poner frente a los ojos de la sociedad una ley que sera a todas luces confiscatoria.

Ya lo han advertido los Ruralistas, que esperan una discusión abierta, a los ojos de la sociedad toda en donde, a través de la discusión seria y técnicamente fundada se obtenga una ley que resuelva los conflictos, encamine la soluciones y no se aliñe tan solo en criterios fiscalistas.

El bien común, objetivo primario y ultimo de cualquier gestión de gobierno, hoy mal llamado “redistribución de la riqueza” para ser justo debe tener equidad y seriedad, no se puede, a esta altura legislar para luego ir emparchando, como lo ha venido haciendo el Gobierno. Asociar una ley de recaudación presupuestaria a un destino especifico, sobre una materia de alta volatilidad como es el precio internacional de la producción primaria, es altamente peligroso, ya que desaparecido el objeto del impuesto, baja en los precios, caída en la producción local, aparición de efectos de riesgo climáticos o sanitarios, estaríamos diciendo a quienes se generen expectativas de recibir sus beneficios, lo lamentamos no hay condiciones para financiar los proyectos enunciados.

Por otra parte, más que tratar un proyecto sobre retenciones, deberíamos tratar una nueva legislación impositiva global que, incorporada a un presupuesto solo modificable por el congreso, obligue al ejecutivo a cumplir con sus funciones de garantizar a la ciudadanía, lo que la Constitución Nacional manda, es decir cumplir el bien común según una escala de prioridades entre las cuales las provincias, generadoras de gran parte de la riqueza, reciban vía una coparticipación seria lo que les corresponde genuinamente.

Cómodo, hijo de Marco Aurelio, quiso prescindir del Senado Romano y gobernar el imperio con el arbitrio de su sola voluntad, quiso romper la base y sustentación de la grandeza del imperio romano, termino muerto, Frondizi, solía decir que la diferencia entre los países serios y los del tercer mundo se basaba en que, en países como los nuestros a los Presidentes se los destituye, cuando la mayoría está afectada, en cambio en los del primer mundo, cuando los intereses se contraponen, los matan.

Destituir o matar, no es ni la solución ni el camino, tampoco lo es recordándole a la gente que se tiene legitimidad por haber cosechada tantos o cuantos votos, ya que no podemos supeditar el bien común a la matemática electoral que se formaliza cada 4 años, deben por lo tanto los dirigentes de cualquier estamento ejemplarizar, con su accionar, con sus conductas y dichos cotidianos y es casualmente frente a los conflictos y las crisis en donde ponen en evidencia su estatura moral, su catadura intelectual y la verdadera interpretación de su rol en el contexto nacional.

El triunfo electoral es una condición necesaria de la democracia, pero no suficiente. En una República, el respeto a las instituciones que la componen es en esencia el fundamento jurídico, ético y moral de la existencia de una Nación y sus reglas de juego la Constitución Nacional, el apego a estas realidades es lo que hacen a un país creíble y sustentable en la seguridad jurídica que garantiza a los ciudadanos su libertad, sus derechos y, por supuestos de sus obligaciones.

Esperemos que esta actitud del Ejecutivo sea un verdadero cambio hacia una institucionalidad más solida y seria y no una nueva picardía que refrende un capricho.

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